Según la legisladora se ha presentado un importante número de estos procedimientos en los municipios Chacao y Baruta, lo que a su juicio atenta contra la progresividad de los derechos humanos, el derecho a la vivienda y la tutela judicial.

La dirigente oficialista espera que de aprobarse la medida cautelar se suspendan los desalojos por medida de secuestro, hasta tanto se pronuncie la sala Constitucional del TSJ sobre la nulidad parcial de la ley.

Ramírez denunció que en los municipios Baruta y Chacao se habría hecho uso de la fuerza con la anuencia de las autoridades locales para el desalojo de familias y personas de la tercera edad que no tendrían un lugar donde permanecer. Considera que a estos inquilinos les habrían sido vulnerados sus derechos humanos.